El consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, Iñaki Arriola, ha presentado este jueves en el Parlamento los detalles del presupuesto del Departamento, que ascenderá en 2023 a 754,4 millones de euros, lo que supone un 33,7% adicional al año previo, con cuantías destinadas a profundizar en los tres ejes estratégicos de la consejería en esta legislatura: la renovación, regeneración y adaptación sostenible del territorio; garantizar una respuesta integral a las personas con necesidad de una vivienda; y el impulso a una movilidad sostenible, segura y accesible para toda la ciudadanía. La consejería es la segunda que más inversiones aglutina del Gobierno Vasco y profundizará desde sus ámbitos de competencia para impulsar la sostenibilidad social y medioambiental, apostando por reducir las diferencias sociales y territoriales a través de la planificación territorial, la vivienda y la movilidad.
En términos absolutos, el área de Transportes contará con el mayor peso, 467,2 millones de euros, mientras que Vivienda dispondrá de 322,31 millones incluyendo las cuantías de las sociedades públicas Alokabide y Visesa, y el área de Planificación Territorial, incrementará sus cuentas hasta los 42,2 millones de euros.
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
El área de Planificación Territorial incrementará su presupuesto hasta los 42,2 millones de euros, de los cuales 37,7 estarán destinados a profundizar en la puesta en marcha de la Agenda Urbana-Bultzatu 2050, y en especial uno de sus proyectos de mayor incidencia en la ciudadanía, la regeneración urbana integral de barrios. Su dotación se estructura en los siguientes ejes de actuación:
- La Agenda Urbana de Euskadi-Bultzatu 2050 avanzará en el seguimiento de los proyectos identificados en el Foro Bultzatu 2050.
- La regeneración urbana integral, uno de los principales proyectos de la Agenda Urbana, supondrá 34 millones de euros, 23 más que en 2022, debido al programa Berpiztu y el Plan Interinstitucional de Inversiones Estratégicas 2022-24, así como fondos europeos recibidos a través del mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). A los 11 barrios en marcha se sumarán otros 14, situados en 12 municipios: Arrasate, Bermeo, Bilbao, Donostia, Eibar, Elgoibar, Irun, Leaburu, Errenteria, Sestao, Soraluce y Vitoria-Gasteiz.
- La planificación territorial mantiene el desarrollo de las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) aprobadas en 2019 con la revisión de los Planes Territoriales Parciales y los Planes Territoriales Sectoriales. En el nuevo ejercicio se prevé la aprobación inicial del PTS del Litoral y de los PTP de Álava Central y Laguardia-Rioja Alavesa, así como del avance del PTS de Turismo y los PTP de Alto y Bajo Deba, estos últimos junto con la Diputación foral de Gipuzkoa. Se trabaja junto al Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente en el PTS de Energías Renovables.
- La perspectiva de género integrada en el planeamiento territorial y el urbanismo seguirá siendo prioritaria con ayudas a los ayuntamientos para revisar el planeamiento, con un presupuesto de 200.000 euros.
Está prevista asimismo la aprobación del decreto de estándares urbanísticos.
VIVIENDA
El área de Vivienda contará con un presupuesto que ascenderá en 2023 a 238,3 millones de euros en un año en el que las políticas se centrarán una vez más en profundizar en la oferta de alquiler, en la materialización del derecho subjetivo a la vivienda y en el desarrollo efectivo de una nueva etapa en la gestión de las prestaciones, con la aprobación del decreto de Derecho Subjetivo, que supondrá el traspaso de la gestión de la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) de Lanbide a Vivienda. A estos objetivos se suma la gestión de los fondos Next Generation EU para la rehabilitación energética de edificios y viviendas. El presupuesto consolidado, que incluye los de las sociedades públicas Visesa y Alokabide, será de 322,3 millones.
De este importe, el 71% es gasto en políticas de alquiler y el 29% se destinará a la rehabilitación del parque edificado, porcentaje que crece, este último, por la incidencia de los fondos europeos a la rehabilitación energética de edificios y viviendas. Esto significa que, en términos netos, descontando la rehabilitación, el 100% del gasto directo del programa de vivienda se asigna a políticas de alquiler. La estructura de apoyo público al alquiler, tanto a través de adjudicaciones –el parque público ascenderá a 29.300 viviendas- como a través de ayudas hará que más de la mitad de las familias vascas que viven en arrendamiento en Euskadi cuenten con algún tipo de apoyo público directo para ese fin.
El Plan Director de Vivienda 2021-2023 centra las actuaciones en este último año de vigencia del plan en mejorar el acceso a la vivienda. Sus ejes:
- Profundizar en las herramientas para garantizar el Derecho Subjetivo a la Vivienda (DSV) y desarrollar la Ley vasca de Vivienda. En 2023 se espera dar uno de los pasos más importantes en el desarrollo de esta ley, con la aprobación del decreto de Derecho Subjetivo a la Vivienda. Se prevé que 12.000 hogares tengan reconocido el DSV al finalizar el año. Su materialización se realiza a través de adjudicaciones de viviendas en alquiler gestionadas por Alokabide -del parque público o captadas por el programa Bizigune-, y a través del abono de la prestación económica de vivienda (PEV). La partida para las prestaciones económicas de vivienda es de 3,8 millones de euros ampliables. Sumando la PEV y la prestación complementaria de vivienda vinculada a la RGI (PCV), el Gobierno Vasco aportará ayudas a 28.000 unidades convivenciales. Todas ellas verán incrementadas por segundo ejercicio consecutivo las ayudas, que pasan de 275 euros mensuales a 300 euros.
El Departamento mantiene el afán por favorecer la emancipación de las personas jóvenes apoyando el pago de su alquiler en el parque de viviendas privado. Para ello se materializará el incremento de la ayuda Gaztelagun –al igual que la PEV y la PCV- de 275 a 300 euros mensuales. El programa, que ya es estructural y ha experimentado mejoras a lo largo de 2022, prevé apoyar a 4.500 jóvenes, con una partida que ascenderá a 16,3 millones –más del doble que en el último ejercicio-.
- Incrementar la oferta pública de alquiler asequible. El Departamento prevé el inicio de 650 viviendas de protección pública y alojamientos dotacionales en alquiler, que se suman a las 2.205 en construcción –a las que se destinarán 79,8 millones-. 750 los promoverá la propia consejería o Visesa, 100 los entes locales y 800 la iniciativa privada y la social para promover alquiler asequible, impulso este último que recibirá 21 millones de euros en ayudas. El parque de arrendamiento se aumentará también a través de la movilización de hogares hoy en día vacíos, con programas como Bizigune –que se prevé llegue a 8.000 viviendas a finales de 2023- o ASAP. Bizigune contará a través de Alokabide con 35,8 millones de euros, partida desde la que se sufragará el canon que perciben las personas propietarias por ceder sus pisos deshabitados. La cuantía máxima de este canon también crecerá de los 650 a los 675 euros mensuales, con un aumento por segundo año consecutivo.
De cara a seguir profundizando en la construcción del parque público, se comprarán nuevos suelos para 1.200 viviendas protegidas de alquiler, con una partida de 30,7 millones de euros, se destinarán 6 millones en créditos de pago y compromiso para comprar edificios y viviendas y se reforzará la red de inserción social del Departamento para entidades públicas y el tercer sector con la cesión de 200 viviendas, 75 para luchar contra el sinhogarismo, 60 ante desahucios y 35 para casos de violencia de género. Asimismo, el área prevé el inicio de 1.250 viviendas de VPO en venta por parte de la iniciativa privada.
- Impulsar la rehabilitación del parque construido para luchar contra el cambio climático y mejorar la habitabilidad. El Departamento movilizará 35,7 millones de euros de su presupuesto para rehabilitar 5.070 edificios, mejorar la accesibilidad en 5.900 viviendas con la instalación de 820 ascensores entre otras actuaciones e impulsar la rehabilitación eficiente en 3.200 edificios y 19.200 viviendas. A este impulso se sumarán los fondos europeos, con los que se prevé rehabilitar energéticamente y mejorar la accesibilidad en 8.000 viviendas en 2023. El objetivo es ascender al 2,5% la ratio de rehabilitación de edificios del total del parque edificado.
