Tras la Cumbre del Clima de París, ¿ahora qué?

El motivo de tal satisfacción se debe por una parte, al carácter global de la iniciativa ya que ha sido aceptada por 195 países, incluyendo aquellos que generan un alto índice de emisiones o detentan una gran concentración de población y actividades económicas (China, India, EEUU, UE, etc.)

Por otra parte, además, establece mecanismos clave para el despliegue y seguimiento de las políticas de cambio climático a nivel internacional; revisión quinquenal de los compromisos nacionales (INDC según sus siglas en inglés) asociado a inventarios de emisiones fiables; la movilización sustancial de fondos por parte de los países desarrollados (inicialmente de 100.000 millones de dólares anualmente) para que aquellos, con menos recursos, puedan desarrollarse reduciendo emisiones y adaptándose a los efectos del cambio climático; o la creación en un futuro cercano, de un organismo internacional para abordar las pérdidas y los daños provocados por dicho cambio climático.

Bien es cierto que existen voces críticas que, sin dejar de reconocer el importante avance que supone el resultado de la COP21, ponen de manifiesto algunas limitaciones y retos. Se debe a que el acuerdo no define objetivos concretos respecto a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, fórmula habitual en las políticas de cambio climático, si no que establece la meta de un aumento de temperatura media muy por debajo de 2 ºC a finales de siglo, haciendo esfuerzos para no superar el 1,5 ºC, para lo cual todos los países deberán alcanzar lo antes posible el techo de sus emisiones. Lo que sucede es que los compromisos nacionales (INDC) que han presentado, de forma previa a la cumbre de París, la casi totalidad de países, 184 concretamente, responsables del 97% de las emisiones a nivel mundial, supondría contener el aumento de temperatura tan solo hasta los 3 ºC. Este hecho evidencia la necesidad de que las sucesivas revisiones de los INDC, a través de los mecanismos que se han establecido, sean cada vez más ambiciosas y exigentes.

En cualquier caso, el giro que supone este hito en la política climática global es evidente; va a generar no solo una aceleración en el despliegue de políticas públicas en la materia, sino también un impulso en las inversiones, el desarrollo y la transferencia tecnológica asociada a la reducción de emisiones (renovables, almacenamiento, eficiencia, etc.). Además, conlleva sinergias destacables con otros planteamientos como la economía circular que actualmente adquieren cierta relevancia.

Una de las cuestiones que han sido poco mencionadas en el Acuerdo de París, a pesar de formar parte de sus logros, es una mayor importancia de la adaptación a los efectos del cambio climático ya que gran parte de los fondos que se movilicen y mecanismos que se implanten estarán dedicados a reducir los impactos, daños y pérdidas, especialmente en los países con menos recursos. Aunque la falta de capacidades hace evidente la necesidad de focalizar en estos países los recursos movilizados en materia de adaptación, ello no implica desdeñar que los efectos del cambio climático se producen de forma global y también afectan a los países desarrollados. Es decir, la creciente importancia de la adaptación en la política climática internacional debe provocar también un despliegue generalizado de políticas que incorporen el principio de precaución, atendiendo a la resiliencia climática y el “climate proofing” (seguro ante el clima) de nuestras actividades económicas, activos físicos, infraestructuras, etc.

Integrar este “filtro” de potenciales efectos del cambio climático y posibles respuestas, ya sean eventos extremos o cambio gradual de las condiciones climáticas, incumbe no solamente a las administraciones públicas de diferentes niveles para incorporar la adaptación a sus políticas (nacionales, regionales o locales), sino también al sector privado para garantizar la gestión de riesgos de sus actividades económicas. Al igual que sucede con la mitigación, la reducción de emisiones, el ámbito de la adaptación al cambio climático también requiere y seguirá necesitando un impulso importante de actividades de desarrollo y transferencia tecnológica, relacionadas con el estudio de los efectos (observación de evidencias, desarrollo de metodologías y herramientas de análisis de impacto y vulnerabilidad, etc.), así como con la definición y diseño de soluciones para una mayor resiliencia climática.

Una clara señal de la necesidad de impulsar actividades de I+D en el ámbito de la adaptación, no solo dirigida a países menos desarrollados es la hoja de ruta para los servicios climáticos elaborada por la Comisión Europea; pretende hacer operativo el concepto de “inteligencia climática” desarrollando soluciones para la toma de decisiones públicas y privadas.

El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, la estrategia Klima 2050 del Gobierno Vasco, recientemente seleccionada como buena práctica presentada en la COP21, o el análisis de vulnerabilidad por distritos de la ciudad de Madrid son ejemplos de la creciente importancia de la resiliencia climática. En todos ellos, a través de planteamientos que incluyen un componente de innovación destacable se está avanzando en la forma de integrar la adaptación al cambio climático en diferentes sectores y niveles de la administración.

Existen también casos que ejemplifican cómo la adaptación al cambio climático es relevante para el mundo empresarial. Quizás el sector de la energía es uno de los más evidentes. El cambio climático afectará de forma relevante a la generación hidroeléctrica, a la refrigeración en ciclos combinados, etc., a la demanda (picos estacionales) o a las condiciones de operación de las infraestructuras, redes por ejemplo. Además, a su vez puede tener efectos en otros sectores productivos como la agricultura o la industria existiendo también un claro vínculo entre la reducción de emisiones y su adaptación. Como en otros campos, para definir respuestas efectivas que minimicen los impactos negativos en el sector de la energía es necesaria la acción coordinada del sector privado y de la administración pública (ordenación del territorio, planificación hidrológica, etc.). Un buen ejemplo de actuaciones multisectoriales con incidencia público-privada es el pionero análisis de vulnerabilidad y adaptación en centrales hidroeléctricas de Ecuador.

La COP21 es un importante hito que canalizará la actividad en materia de cambio climático, incluido el desarrollo y la transferencia de tecnología tanto en mitigación como en adaptación, en el sector público y privado.

¡Hemos de aprovechar la oportunidad que ello supone! Debemos anticiparnos a los posibles efectos y posicionarnos para poder ofrecer nuestro conocimiento y capacidades en la materia.

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